LA JORNADA JALISCO
Afecta el entorno ecológico, desconoce a sus autoridades y abre la puerta a depredadores, acusan
El día 11, más de 197 familias frenaron las obras; permanecen en el paraje Ciénaga de los Caballos
JORGE COVARRUBIAS (Enviado)
Santa Catarina Cuexcomatitlan, Mezquitic, 16 de febrero.- Sólo el sonido del altavoz situado en la copa de un árbol seco y amarillento alteraba la paz en la sierra. Situados a más de 2 mil metros de altura sobre el nivel del mar, rodeados de cordilleras áridas y extensas llanuras, la asamblea de comuneros wixaritaris acordó rechazar el proyecto carretero del gobierno del estado que comunica a Huejuquilla y Bolaños por afectar su entorno ecológico, desconocer a las máximas autoridades y abrirle la puerta a depredadores y talamontes.
Desde hace una semana –el 11 de febrero–, más de 197 familias, acompañadas de los líderes de la asamblea wixaritari, subieron al paraje conocido como Ciénaga de los Caballos, a un lado del cerro de La Puerta, el más alto de la región norte de Jalisco, unos 40 kilómetros al sur de Huejuquilla el Alto, y frenaron las obras; atravesaron un tronco en el camino y despidieron a los trabajadores que en ese momento maniobraban con la maquinaria pesada.
Algunos llegaron a pie, otros en camionetas de redilas, pick up con placas extranjeras, y otro tanto en un camión desparpajado que perteneció a lo que en su momento se denominó la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas (UCIH), hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Meses antes –el 25 de noviembre– los comuneros habían enviado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) sendos escritos solicitando frenar este proyecto y la exposición de los documentos en los que se aprobó el desarrollo del tramo carretero.
A lo largo de los 19 kilómetros que contaron los wixaritaris y las propias autoridades del gobierno estatal, desde el límite comunal de Los Osos hasta el cerro de La Puerta, se pueden ver los estragos que han ocasionado las excavadoras y camiones pesados, aún sin comenzar la pavimentación; árboles caídos, laderas llenas de arena y rocas que sepultan la vegetación, y ojos de agua.
Ráfagas de viento helado levantan a su paso nubes de polvo sin hacer tregua en ningún momento, lo que ha motivado a la comunidad a sacar sus abrigos más gruesos y cubrirse hasta la garganta. Algunos de sus miembros, sobre todo menores y niños en brazos, se enfermaron de gripe, y a pesar de la inclemencia del clima, de un sol abrazante que nada más quema la piel, pero no cobija del frío, los comuneros han decidido permanecer en la sierra hasta que una comitiva encabezada por los titulares de las áreas que convocaron se presente en el paraje a explicarles las razones de la obra y el porqué del menosprecio a la asamblea de comuneros.
El jueves, poco después de las 11 horas, se dio el primer encuentro entre funcionarios y comuneros; sin embargo, no eran los titulares que ellos esperaban, por lo que se frustró la negociación. Faltaba el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez; el secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba; el presidente municipal de Mezquitic, Ernesto de la Torre Martínez, y el delegado estatal de la Semarnat, José de Jesús Alvarez Carrillo.
En su lugar acudió una comitiva encabezada por el delegado de la Profepa, José de Jesús Becerra Soto, un funcionario que fungió como titular del Consejo de Transplantes en el gobierno del estado y que llegó al cargo evadiendo la Ley del Servicio Profesional de Carrera, cuya reglamentación obliga a concursar el puesto entre los aspirantes que conozcan de materia ambiental y tengan aptitudes gerenciales; Ramón Partida Medina, director de Infraestructura Carretera; Javier de Jesús Lechuga Millán, director de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado; Luis Enrique García Feregrino, jefe de Atención a Manifestaciones; Suseth Herrera, directora de Convenios de la Secretaría de Desarrollo Urbano; Gustavo Bonilla Barragán, subdelegado de Recursos Naturales de la Profepa, así como el titular de la Comisión Estatal Indígena, Francisco López Carrillo, y Guadalupe Flores, delegado de CDI.
Más tarde arribaron el presidente municipal de Huejuquilla, Miguel Angel Medina y, rodeado de cuatro escoltas armados con rifles R-15, el presidente municipal de Bolaños, Luis Alberto Zamora Zamora.
“No queremos presencia policiaca porque sofoca a la población cuando reclama sus derechos”, había dicho con anticipación Pari Temai, uno de los voceros de la comunidad.
Lo que sí se anunció durante la larga espera fue que la Profepa comenzará, a partir de mañana, una inspección para determinar si hubo violaciones en materia ambiental, aunque Becerra Soto pronosticó el veredicto de la institución.
“Sí hay cumplimiento a todas las condicionantes estipuladas en su momento, pero lamentablemente hay una denuncia, luego entonces ésta exige corroborar datos. Entonces la información que tengo es que sí hay cumplimiento en todo lo que se solicitó, las autorizaciones correspondientes por la Semarnat para la construcción del tramo carretero”, aseveró.
Era justo que los wixaritaris corrieran a los funcionarios, soltó una voz, “a ellos los corren de todos lados” y nadie se inmuta.
Según los voceros de la comunidad, el año pasado, entre el 8 y 12 de noviembre, se llevó a cabo la asamblea ordinaria en la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, donde las autoridades agrarias cedieron los derechos de vía para la construcción del tramo carretero, pero sin el consentimiento de los miembros de la asamblea. Después confesarían que firmaron los documentos bajo amenazas y hostigamiento.
“Eso no quiere decir que la comunidad, a través de la asamblea, que es la máxima autoridad, haya dado su anuencia, porque las autoridades agrarias están supeditadas o dependen de lo que diga la asamblea o decida; entonces, por lo tanto, decimos que esos documentos no son válidos en caso de que existan”, señalaron.
Una copia del documento que presentó un diario local en su edición de ayer asevera que los derechos de vía cedidos afectarán 76.7 hectáreas de su territorio, la cual los comuneros catalogaron de apócrifa, porque en el acta se menciona una serie de inconsistencias que van desde errores en el llenado de las actas, falta de firmas, que se les llame “ejidatarios”, una figura jurídica muy diferente a la de comuneros.
De acuerdo con el inventario que hicieron los propios inconformes, se detuvieron cuatro pipas, 29 máquinas y siete camionetas en forma pacífica. A los empleados se les dijo que no podían seguir trabajando y que mejor se retiraran porque había un pendiente con el gobierno del estado.
El paro de maquinaria se asemeja a la acción que tomó el Consejo de Mayores de Ayotitlán la segunda semana de enero para impedir que empresas mineras se adentraran en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Manantlán para explotar los yacimientos de cobre, oro y plata que se encuentran en el subsuelo.
Las luchas se reconocen. Aquí o en Ayotitlán, las demandas siguen siendo las mismas, y su discurso converge en el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional.
“…Surgió la Cocopa y la Cocopa elaboró las iniciativas de ley que el gobierno federal iba a plasmar en la Constitución federal y aprobó una ley contraria a los acuerdos que había firmado y así muchas traiciones que hemos recibido, como la Ley Indígena Estatal, a pesar de que todos los indígenas del estado de Jalisco habíamos rechazado”, rememora Muwieri, otro de los voceros de Santa Catarina.
Las propuestas
Ese mismo jueves, antes de que llegaran los funcionarios, los comuneros redactaron un pliego petitorio que sólo dieron a conocer a La Jornada Jalisco. En el texto se desprende una serie de demandas que, “si son cumplidas”, aceptarán la continuación de las obras. Destaca la construcción de pasos a desnivel para comunicar a las poblaciones que fueron separadas por la obra carretera; pago por el saqueo de agua de los manantiales de Arroyo de Guamiles, La Molera, Chonacata y Santa Cruz por más de mil metros cúbicos de acuerdo con el valor comercial; pago por la extracción de los bancos de grava por 150 mil pesos; que se saque fuera de la comunidad todo tipo de basura que han tirado en el trayecto; pago por el derribo de los pinos, encino y todo tipo de flora por 5 millones (de pesos), y reforestación de árboles que fueron derribados con vegetación natural y nativa de la región. Que la superficie por donde va a pasar la carretera siga siendo terreno comunal, es decir, el control lo seguirá teniendo la comunidad. Que no se establezca gente que no sea indígena, y derecho exclusivo a establecer proyectos comunitarios y asentamientos humanos a lo largo de la carretera.
“No queremos que el gobierno, ni las empresas, construyan ningún tipo de negocio”, refiere el documento.
Negligencia médica
Entre los funcionarios que visitaron el paraje no hubo quien observara efectos negativos a la obra, incluso el delegado de la CDI, Guadalupe Flores, afirmó que la carretera es prioritaria para comunicar a poblaciones aisladas, necesitadas principalmente de rutas rápidas para acceder a los servicios de medicina.
El presidente municipal de Huejuquilla, Miguel Angel Medina, asevera que ha tenido que desembolsar de su bolsillo para pagar el sepelio de personas a las que pudo haberse salvado la vida de existir mayor infraestructura.
“Yo en Huejuquilla he tenido que pagar cajas, ataúdes para el bebé. He pagado apoyos para que trasladen a las mujeres hasta Fresnillo, si es que así lo requieren, en atención. Me ha tocado pagar el ataúd de una señora que no se pudo aliviar oportunamente en una camioneta como la que traigo, les dimos raite con la persona ya fallecida hasta Nueva Colonia, que no son de mi municipio”, indicó.
No obstante, los miembros del Colectivo COA aseguran que se pretende engañar a la comunidad wixarita diciéndole que la megaobra es para su beneficio. Evangelina Robles relata que en los últimos ocho meses fallecieron 10 personas y no fue por falta de transporte o por causa de la orografía agreste, sino por negligencia médica en la que permea una dosis de racismo a los oriundos.
“Murió una señora cuando llegó al hospital, le dijeron que no tenía nada. Llegó a tiempo para que la atendieran, estaba a punto de abortar y cuando regresó, en el camino se murió desangrada, porque no la atendieron bien en el hospital”, dijo.
Un ejemplo más de lo anterior, refiere, es el caso de una joven a la que se detectó peritonitis luego de deambular entre las clínicas de Tuxpan de Bolaños, Fresnillo, Zacatecas, y México, Distrito Federal.
Tradiciones en riesgo
La construcción de la carretera Huejuquilla-Bolaños forma parte de un proyecto mucho más amplio del que ha hablado escuetamente el gobernador del estado, Emilio González Márquez, de crear una “ruta cinegética” para enlazar a las comunidades indígenas del norte de Jalisco y al mismo tiempo generar una red de cabañas, miradores, hoteles y comercios para la gente que gusta de la cacería.
Por rumores, los comuneros se enteraron del proyecto turístico que pretende instalar el gobierno del estado en su territorio; sin embargo, hasta el momento sólo los miembros del Colectivo COA En Defensa de la Tierra les han advertido que el plan va en serio y ya hay recursos por más de 30 millones de pesos para ejercerse este año.
“Se las ofrecieron en la comunidad de San Sebastián en la asamblea de septiembre. En cuanto la asamblea aceptó la carretera, inmediatamente les dijeron: a propósito, aquí viene el encargado de turismo por si quieren hablar del proyecto de las cabañas, de los proyectos turísticos que están funcionando muy bien en San Andrés (de Cohamiata). En San Andrés no está funcionando bien el proyecto turístico. Son empresas de las avionetas y que son los dueños gente de Puerto Vallarta que se está haciendo rica y que la comunidad no se está beneficiando”, comentó Yessica, miembro de la asociación.
La carretera ha puesto en riesgo la peregrinación a Wirikuta (lugar donde se reúnen los dioses), el ritual más importante de la comunidad wixarita, que realizan para adorar a sus deidades, toda vez que las cargas de arena y roca obstaculizaron los principales accesos a Real de Catorce, San Luis Potosí, donde cada año acuden los wixaritaris para dar gracias y llevar ofrendas a Tatewari (el abuelo fuego). Los voceros mencionan que, de continuar la obra, existe un verdadero peligro de que la tradición desaparezca.
Mientras se lleva a cabo la asamblea, la cual lleva ya dos días en los que se han discutido al menos 17 puntos, algunas mujeres preparan tortillas, frijoles, algo de carne y agua para compartir durante y al final de la reunión. Los más agotados después de una velada en la que soportaron vientos helados, apenas con el calor de las fogatas, descansan como lagartijas recostados en grandes piedras o acurrucados en cunetas que la misma naturaleza se encargó de hacer.
Como parte de la agenda se acordó gestionar con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) una preparatoria intercultural en el poblado de Santa Catarina, a fin de que sus jóvenes no se vayan de la región y en un futuro se hagan cargo de las decisiones de la asamblea. Cada vez son más los muchachos que se van a Estados Unidos en busca de trabajo y ya no regresan, por lo que la asamblea estableció, en otro de sus convenios, que se limitarán las salidas al vecino país del norte.
El envío de remesas es visible y se nota no sólo en las pick up con placas extranjeras, también en las chamarras estampadas con los logotipos de los equipos de futbol americano y baloncesto de equipos estadunidenses que portan algunos wixaritaris para protegerse del frío.
Los menos arriesgados se van a la cosecha de chile en Fresnillo, Zacatecas, y otros se van a Sonora o Celaya también a actividades del campo.
Aquí no hay trabajo, pero tampoco desean trabajar de sirvientes a los empresarios de hoteles en sus propias tierras.
Tuapurie, 10 de marzo.- Al concluir la vigésima reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI) en el paraje Awatsiat’a (o Ciénaga de los Caballos) en territorio wixárika (huichol), los delegados de pueblos, naciones y tribus de distintas regiones del país rechazaron los proyectos y megaproyectos cuya finalidad “es el despojo y la privatización de nuestros territorios y recursos naturales, así como la destrucción de nuestras culturas y la explotación de nuestros hombres y mujeres en el campo, las ciudades y el extranjero”. 
