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domingo, 22 de junio de 2008

Alerta ejemplo nayarita a Temacapulín
MURAL
22 JNIO DE 2008

FA Presa Nayarit
La presa El Cajón afectó a 12 comunidades nayaritas, ya que para su construcción fue necesario inundar sus tierras.
Foto: Archivo



Se documentan perjuicios por la construcción de proyectos hidroeléctricos o de dotación de agua

Mario Gutiérrez

Guadalajara, México (22 junio 2008).- Creyeron que su vida sería mejor, pero hoy se sienten engañados y con menos esperanza que antes, cuando la presa El Cajón, en Nayarit, no había inundado sus tierras.

Aunque la mayoría de los afectados recibió dinero en efectivo como parte de expropiaciones e indemnizaciones, decenas de nayaritas pelean porque se cumplan todas las promesas de apoyo que hizo el Gobierno de Nayarit y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encargada del proyecto hidroeléctrico El Cajón, el cual comenzó a generar energía eléctrica el 1 de junio de 2007.

Los ejidatarios indígenas de Cantiles, Municipio de Santa María del Oro, y los habitantes de El Ciruelo, Municipio de Jala, y de Palmillas, La Playa y Paso de San Juan, Municipio de La Yesca, están inconformes y forman parte de los 173 pobladores de 12 comunidades que la CFE afectó con la construcción de la hidroeléctrica, según el propio censo de la paraestatal del 2003.

Los pobladores nayaritas forman el caso más reciente que existe en el País sobre las afectaciones sociales que implica la construcción de una presa.

Jalisco podría ser el próximo caso. El proyecto del embalse El Zapotillo —impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno del Estado— traerá implicaciones sociales directas a por lo menos 360 personas y afectará 3 mil 300 hectáreas de comunidades cercanas al Río Verde, como Temacapulín, en el Municipio de Cañadas de Obregón.

Desde el jueves y hasta ayer, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) realizó en Temacapulín su quinto encuentro, al cual asistieron decenas de integrantes de comunidades de todo el País que han sido perjudicados por la construcción de presas.

En la sesión plenaria, los participantes manifestaron su apoyo a los habitantes de Temacapulín y documentaron los perjuicios que habrá con su reubicación.

Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) acudió este fin de semana a recoger las quejas de los habitantes en contra del Gobierno del Estado.

La experiencia de los propietarios nayaritas los alerta. Por ejemplo, los 50 ejidatarios de Cantiles piden a la CFE y al Gobierno de Nayarit ejecutar la obra social que prometió, pues carecen de energía eléctrica, bordos suficientes y un camino de terracería más ancho, como lo había garantizado la paraestatal.

Los compromisos, destacan, fueron verbales en la mayoría de los casos.

"En algunas ocasiones sí he visto falta de palabra (de CFE), me ha tocado que dicen una cosa y no lo hacen. A la gente humilde no se le debe engañar, esta gente no miente, pero desafortunadamente nunca firmaron nada", asegura Juan José Jacobo Solís, Presidente Municipal de Jala.

Un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documenta la serie de irregularidades en la reubicación, indemnizaciones y ofrecimientos de las autoridades a los pobladores afectados en el caso de El Cajón.

"La CFE ha violado los derechos humanos de los pobladores de El Ciruelo al no haber realizado un pago justo por los bienes expropiados. Ha violentado el derecho a la propiedad sobre las tierras de cultivo, los bienes diferentes a la tierra y los ciruelos", indica el documento del organismo civil.

Niegan falta de cumplimiento

Ante las acusaciones de los ejidatarios y pobladores afectados por El Cajón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que ha cumplido con todas las acciones sociales y ambientales que propuso al construir la presa.

La paraestatal indicó que pagó 121 millones de pesos por indemnizaciones a quienes les expropió terreno, de los cuales 86 millones correspondió a núcleos agrarios.

Respecto a las actividades ambientales, la CFE implementó un programa de reforestación de 6 mil hectáreas con la participación de los núcleos agrarios que fueron afectados.

La CFE señaló que ofreció a los pobladores reubicados elegir los terrenos de su preferencia, diseñó los proyectos adecuados, ayudó a 53 familias a adecuar su nuevo lugar de residencia y dispuso de áreas de uso común para vecinos de El Ciruelo, como una escuela de educación media, un consultorio y el salón ejidal.

La CFE destacó que ha fomentado el desarrollo comunitario y la construcción de obras que compensen las afectaciones.

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