Ayotitlán: la fuerza de la razón
En noviembre de 2005 un grupo de ejidatarios pertenecientes a la comunidad nahua de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, reclamó ante el Tribunal Unitario Agrario Número 38, con sede en la ciudad de Colima, la nulidad del acta de la asamblea de ejidatarios del 23 de octubre de dicho año por la que habrían sido electos como integrantes del comisariado ejidal Jesús Michel y su grupo, aduciendo, entre otras cosas, que las cédulas de la convocatoria relativa a la asamblea electiva fueron exhibidas un día antes de que tuviera lugar el cónclave indígena y en muy pocos lugares de Ayotitlán, hecho que evidentemente resultó violatorio de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y que impidió que muchos de los ejidatarios pudieran estar oportunamente en conocimiento de la asamblea que se realizaría, sobre todo si consideramos que el ejido de Ayotitlán está compuesto por múltiples poblados y rancherías que se encuentran a gran distancia del lugar donde habitualmente se realizan las asambleas ejidales; asimismo, reclamaron que la asamblea ejidal se instaló con la participación de más de cien individuos que no tenían la calidad de ejidatarios y que fueron introducidos al recinto en que se efectuaba la reunión por la facción de Michel.
Para ilustrar más la cuestión es importante recordar que desde hace años las tierras de Ayotitlán han sido depredadas por el consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada, propiedad de las empresas trasnacionales Mittal Steel e Hylsa-Ternium; los resultados saltan a la vista: para los empresarios ganancias anuales que superan los mil millones de dólares, para los nahuas de Manantlán pobreza, deterioro ambiental y corrupción.
Precisamente Jesús Michel es y ha sido desde hace años empleado y contratista de Peña Colorada, trasnacional que, en complicidad con la Confederación Nacional Campesina y el grupo de ejidatarios que comanda su empleado, fabricó la ilegal asamblea en la que éste habría sido electo. Finalmente el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Número 38 dictó sentencia en el juicio 435/2005 determinando la nulidad del acta de la asamblea de ejidatarios en la que fue electo Jesús Michel. Inconforme con la sentencia de primera instancia el espurio representante ejidal intentó su revocación a través del juicio de amparo directo número 98/2007 seguido ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y por medio del disparatado recurso de revisión número 155/2008 que hace unas semanas resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmando en definitiva la sentencia que anuló el acta electiva del esbirro de la minera Peña Colorada.
El hecho de que el máximo tribunal de nuestro país haya declarado la inexistencia legal de un órgano de representación ejidal servil a los intereses de dos consorcios que controlan la extracción y transformación del hierro en México, en América Latina y en grandes porciones del mundo, tiene saludables implicaciones para las comunidades indígenas de Manantlán y para las luchas indígenas en todo el estado, máxime si recordamos que en los últimos dos años Jesús Michel y su grupo obsequiaron toda suerte de contratos –ahora jurídicamente inexistentes– y facilidades a diversas empresas mineras que han pretendido saquear las tierras de Ayotitlán sin consideración alguna para con el medio ambiente y los derechos de los propietarios legítimos de dichas tierras. Incluso la actual coyuntura abre la puerta para que la comunidad indígena de Ayotitlán reclame con todo el coraje que se requiere las más de 20 mil hectáreas que le fueron dotadas hace casi 50 años y que nunca le han sido entregadas.
En la significativa victoria de los nahuas de Manantlán en contra del grupo entreguista han jugado un papel fundamental la terca y constante resistencia encabezada y organizada por el Consejo de Mayores, autoridad tradicional de la comunidad indígena de Ayotitlán, y el constante apoyo brindado por la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, instancia que, en contraste con los huecos compromisos proclamados por diversas instituciones y políticos de toda laya, desde hace varios años ha decidido otorgar asesoría para la defensa de los siempre escamoteados derechos de los nahuas del sur de Jalisco.
Ahora las autoridades de gobierno están obligadas a acatar la ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión número 155/2008, debiendo desconocer inmediatamente la espuria representación de Michel y sus cómplices. Asimismo la controvertida delegación estatal de la Procuraduría Agraria deberá convocar a la realización de una nueva asamblea electiva ejidal. Esperemos que, aunque le cueste trabajo, lo haga con imparcialidad y apegada a la ley.
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